Artículos Académicos

Una de las más graves responsabilidades que pueden recaer en un científico es dictaminar la posible responsabilidad de una persona en un supuesto delito. Los medios de comunicación comentan lo que pudiera sospecharse – a veces con cierto exceso morboso – así como lo que los jueces finalmente sentencian, con base en tales dictámenes. De controversias mediáticas, desde una recientemente divulgada sobre si ciertos huesos eran de un animal o de un niño, hasta otras ya casi históricas, sobre la composición química de los explosivos empleados en cierto atentado terrorista, hay numerosos casos que han llegado a la opinión pública. Me remito a otro caso, lejano pero contundente. En 1985, en Estados Unidos, un camionero, Steven Barnes, fue investigado en un caso de violación y asesinato. Del interior y exterior de su camión fueron tomadas diversas muestras: barro, restos de tela vaquera, y pelos. Tres años después, las supuestas evidencias acumuladas de cada uno de estos análisis, se consideraron, aunque no por separado, pero si en su conjunto, evidencias convincentes para su condena, en 1988, a 25 años en prisión. A principios de los años 90 se desarrolló lo que es hoy en día bien conocido, las prueba del ADN – que, ya sabemos, se emplea para pruebas de parentesco, pero también para mucho más. Por entonces, una especie de ONG, “Project Innocence”, pugnaba por la aceptación de la metodología de ADN en tales casos. En 2002, tras 14 años en prisión, tales pruebas – ahora consideradas mucho más efectivas y rigurosas que las practicadas 14 años atrás – le eximieron y liberaron. Cuentan que Barnes dijo, algo así como: “No puedo ni contar como se siente uno cuando le llaman monstruo”, y exclamó: “¡Gracias a Dios por el ADN!”. En el caso de Barnes, las evidencias científicas fueron, primero, fundamento de condena; después (gracias al ADN), motivo de liberación. Podría decirse que fue la ciencia la que le salvó, 14 años después que por ella misma fuera condenado. En el último congreso de la Sociedad de Química de Estados Unidos se celebró un simposio sobre la actividad forense, concluyéndose que debe ser ejercida por profesionales especialmente cualificados para tal fin, realizada en entornos en los que impere la objetividad y rigor que son propios de la investigación científica, y se propuso incluso que los dictámenes sean sometidos, como ocurre con las publicaciones científicas convencionales, a una profunda revisión y validación por otros expertos independientes.