Columnas
En los últimos años hemos asistido con preocupación a una serie de crisis que nos ha sensibilizado ante el riesgo alimentario. Las vacas locas, los pollos con dioxinas, el aceite de orujo de oliva y, recientemente, la detección de acrilamida en algunos productos, ha hecho que el consumidor exija una mayor seguridad en los alimentos. Esta situación ha generado tal pérdida de confianza que el consumidor empieza a asumir que el «riesgo cero» no existe y que es imprescindible disponer de sistemas que garanticen la seguridad de lo que ingerimos.
Las crisis alimentarias han marcado un antes y un después en el concepto de seguridad y ahora no se concibe una normativa que no aborde la prevención del riesgo desde una perspectiva global. En esta línea se inscribe la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, siendo una de sus funciones esenciales la formulación de dictámenes científicos independientes y la determinación y comunicación de los riesgos en todos los aspectos relacionados con la seguridad en el consumo. En nuestro país se ha puesto en marcha la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que cuenta entre sus órganos básicos de coordinación y asesoramiento con el Comité Científico, que será el encargado de elaborar los dictámenes científicos y definir los trabajos de investigación en materia de seguridad alimentaria.
Para alcanzar un mayor nivel de protección del consumidor, se ha introducido el concepto de trazabilidad, que consiste en tener una radiografía completa y detallada de todas las etapas de producción, transformación y distribución del alimento, y el principio de precaución, que se aplicará cuando la Ciencia no esté en condiciones de proporcionar una respuesta segura sobre la inocuidad de un producto. Es importante destacar que, en este nuevo marco de protección del consumidor, se ha dado una gran importancia a la participación de la comunidad científica, tanto por su integración en los órganos de decisión, como por su responsabilidad en la puesta en marcha del VI Programa Marco Europeo de Investigación para el sector agroalimentario, uno de cuyos temas centrales es el programa de «Calidad y Seguridad de los Alimentos», dotado con 685 millones de euros, y en donde se fijan objetivos relacionados con el impacto de la alimentación sobre la salud, los procesos de trazabilidad, control de los alimentos y sistemas y tecnologías de elaboración más seguras.
La Región de Murcia debe participar activamente en todo este proceso, ya que cuenta, en sus Universidades y Centros de Investigación y Tecnológicos, con medios humanos altamente cualificados para abordar y aportar soluciones al reto de mejorar la seguridad alimentaria.