Columnas
Preguntarse por los beneficios de la Ciencia siempre merece la pena y -por sus implicaciones a todos los niveles- debería ser una preocupación constante más allá del ámbito académico. Si bien en este último nadie duda de ellos y cualquier meta siempre persigue una mejora social, fuera de él resulta enojante comprobar cómo se utiliza por determinados intereses o simplemente se desprecia por otros. Son muchos los ejemplos que acuden a nuestra mente, pero los más señalados son los que se refieren a actuaciones políticas, supuestamente avaladas por consejos científicos que nunca existieron. Parece, pues, que un supuesto aval científico es la coartada perfecta para lograr el beneplácito a un proceder, ocultando que tal garantía no existe. Afortunadamente, la utilidad de la Ciencia está muy por encima de tales zalagardas y ha sido tratado por eminentes eruditos, a lo largo de la historia, a los que continuamente deberíamos recurrir.
Parece que a España le ha llegado su turno y algún lince ha caído en la cuenta de que el progreso social solo puede lograrse si las medidas empleadas están basadas en el conocimiento científico. Entender y aplicar la evidencia científica ayuda a tomar decisiones mejor informadas y optimizadas para maximizar su impacto positivo y reducir riesgos e incertidumbres. Así, el pasado 20 de junio se presentó la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), cuya misión fundamental es establecer mecanismos institucionales para reforzar el papel del conocimiento científico en la toma de decisiones del Gobierno de España. A su frente estará Josep Antoni Lobera Serrano, profesor contratado doctor en el área de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y tendrá una dotación anual de dos millones de euros para financiar proyectos de experimentación, análisis de datos públicos y otras formas de investigación aplicada. Se dice que contará con un asesor científico por cada ministerio, además de más de 50 asesores gubernamentales y un conjunto de canales institucionales y protocolos encargados de establecer cómo se recaba el asesoramiento científico, qué principios éticos y metodológicos deben seguirse, cómo se financia ese ejercicio, y qué uso se darán a las recomendaciones generadas. La ONAC tiene también el objetivo de promover casos de buenas prácticas tanto dentro como fuera de la Administración y crear puentes entre el Gobierno y el talento científico presente en universidades, centros de investigación y empresas.
Llegado a este punto, declaro mi desconfianza respecto a este nuevo anuncio, más propagandístico que real, hecho por alguien acicalado con un tramposo curriculum vitae.